La administración digital permite a las administraciones públicas poner al servicio de sus usuarios un entorno totalmente personalizado en el que pueden encontrar todas las herramientas y recursos disponibles para relacionarse con ellas vía web o a través de otros canales (sms, palm, ...). De esta manera, se abren tantos canales de comunicación con el ciudadano como sea posible, en función de sus necesidades y peticiones. La intención es que exista una comunicación bi-direccional entre los ciudadanos y la administración pública.

Mediante un espacio seguro, la administración puede interactuar con tranquilidad con sus ciudadanos, ya que para acceder a cualquier servicio se requiere identificación. Esto se consigue mediante la introducción de un sencillo Login y Password o mediante la utilización de certificación digital, siempre teniendo en cuenta que el nivel de seguridad es marcado por la propia administración. Por otro lado, es evidente que en el momento de la entrada en vigor del DNI digital con certificado incorporado, este tipo de requerimiento se universalizará para su uso en la red.

Con la introducción de este sistema de relación con la administración, el ciudadano gana en tiempo y la propia administración en eficacia, puesto que se agilizan procedimientos y se impulsa el ahorro de recursos, teniendo en cuenta que el propio administrado puede desempeñar tareas, en muchas ocasiones, como si fuera funcionario.

De esta manera, además de ahorrar desplazamientos los ciudadanos y agilizar sus trámites (reclamaciones, pago de tributos o conexión con los servicios de emergencias, entre otros), esta iniciativa permite que las empresas puedan hacer sus procesos de constitución, tramitar ayudas y subvenciones o gestionar licencias y contratos públicos, entre otras actividades, así como de dar a conocer sus propias actividades y servicios. También las asociaciones pueden emplear la e-administración para difundir sus propuestas.

Por otro lado, a través de la administración digital se abren vías de expresión para el ciudadano, que puede hacer llegar su opinión a la administración por medio de sistemas de votación, foros, y otros sistemas de "social software" que permiten establecer una comunicación más fluida entre administración y administrado. De esta forma el ciudadano puede expresarse sobre temas propuestos, elaboración de presupuestos o temas de interés popular.